El presente artículo reflexiona sobre la seguridad en una gran metrópoli y es de autoría de Carlos Nhanga, periodista especializado en datos y cobertura de violencia armada. Actualmente es coordinador regional del Instituto Fogo Cruzado en Río de Janeiro. Ha sido publicado originalmente en el sitio de Casa Fluminense. (https://casafluminense.org.br)
Fueron necesarios 70 disparos efectuados por agentes de policía, dentro de una casa llena de niños, para que se tomaran algunas medidas para frenar la letalidad policial en Río de Janeiro. Desgraciadamente, João Pedro no pudo presenciar este suceso.
Era el 19 de mayo de 2020, todavía durante la pandemia de Covid-19, y el niño João Pedro estaba jugando en el interior de una casa con otros niños. Debido a las recomendaciones para contener la propagación del virus en ese momento, quedarse en casa era la mejor opción para mantenerse a salvo y con vida. Pero eso no fue suficiente para un niño negro de tan sólo 14 años. João fue asesinado a tiros durante un operativo de la Policía Civil y Federal en el Complejo Salgueiro, en São Gonçalo. Lleno de sueños y metas, su vida fue arrebatada violentamente por agentes del Estado que debían protegerlo. El caso de João Pedro expone el lado más cruel de la violencia policial que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir todos los días.
En ese momento, ya habían presentado la ADPF 635, conocida como ADPF das Favelas, para restringir las operaciones policiales en las comunidades en el contexto de la calamidad de la pandemia. Pero fue después de la muerte de João que la acción fue avalada por el STF, con el ministro Edson Fachin citando el caso. “Si bien los hechos descritos deben investigarse a fondo, nada justifica que a un niño de 14 años le disparen más de 70 veces”. Luego de que se registraran 70 disparos al interior de una vivienda donde sólo había niños, la necesidad de exigir control de la actividad policial para preservar vidas entró en el centro del debate. “El hecho es indicativo, en sí mismo, de que, si se mantiene el marco regulatorio actual, no se hará nada para reducir la letalidad policial, una situación que de ninguna manera respeta la Constitución”, añadió Fachin.
El caso de João Pedro se volvió simbólico para mí no sólo porque soy un profesional que trabaja en seguridad pública. Como hombre negro nacido y criado en la Baixada Fluminense, aprendí mucho antes de convertirme en profesional del sector que la letalidad policial afectaba frecuentemente a cuerpos como el mío. Fue mucho antes de que me uniera al Instituto Fogo Cruzado y comenzara a monitorear diariamente los datos sobre la violencia armada, que ya sabía quién era el principal objetivo de esa violencia.
Combinar la experiencia con el trabajo me hizo aprender y ampliar mi perspectiva sobre temas de seguridad pública que aún no conocía y me permitió pensar, discutir y construir nuevas posibilidades que preserven nuestras vidas. Desde hace décadas se viene informando ampliamente que la seguridad pública es un problema en Río de Janeiro. Pero se habla poco de cómo este problema y sus soluciones se producen de forma segregada.
Una operación policial en la zona norte de Río puede afectar directa e indirectamente la vida de miles de personas. Riesgo de balas perdidas, escuelas, centros de salud cerrados, autopistas, trenes y metros parados. ¿Por qué es posible afectar la vida de tantas personas en un lugar determinado sin ninguna rendición de cuentas? La diferencia entre el número de tiroteos y víctimas en las zonas norte y sur de la capital, por ejemplo, muestra cómo se diseña la política de seguridad para cada lugar, en función de cada población que habita o frecuenta allí. Al fin y al cabo, ¿un niño de Leblon correría la misma suerte que João Pedro?
Aunque no es un reto fácil, es posible –y sumamente necesario– construir una política de seguridad que garantice la vida y el bienestar. Una política de seguridad que realmente garantice que nuestros niños y adolescentes puedan jugar en casa o en la calle. Si es posible para algunos ¿por qué no para todos?