Ciudadanía Metropolitana
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn

Maximiliano Campos Ríos: “Repensar la gobernanza metropolitana en tiempos de algoritmos”

Entrevistamos a Maximiliano Campos Ríos, profesor y consultor internacional especializado en administración y políticas públicas y modernización del Estado. Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés (UdeSA) y candidato a Doctor en Administración Pública por la UBA. Además, se ha formado en prestigiosas instituciones internacionales como la Universidad de Delaware y Georgetown University como becario Fulbright.

Actualmente trabaja en temas relacionados con la eficiencia en la gestión pública, la participación ciudadana, y el uso de nuevas tecnologías en la administración pública. En esa línea ha publicado dos libros: “El Estado en la era meta” y “Cadenas de valor público y ecosistema digital”, en donde explora cómo la tecnología puede transformar el rol del Estado para promover el desarrollo sostenible.

 

Pregunta: En el contexto actual de la gestión pública, y a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más digitalizado, ¿cuáles son las innovaciones que las administraciones deben tener en cuenta para mejorar la gestión y los servicios que prestan con sus políticas públicas?

MCR: Hay tres conceptos que vengo trabajando hace tiempo porque considero que son los que permiten transformar de verdad la gestión pública. El primero es la cadena de valor público, que es un modelo que representa cómo las instituciones y sus procedimientos agregan valor a través de las políticas públicas, para lo que se requiere una mirada sistémica y coordinada, porque permite entender cómo las instituciones generan valor a través de sus procesos.  Otro de los conceptos es el de políticas públicas anticipatorias, que implican prever escenarios futuros para diseñar estrategias que respondan a los desafíos emergentes y entre estos dos fenómenos está la inteligencia artificial, que es una herramienta que potencia ambos enfoques porque permite analizar datos, identificar patrones y optimizar la toma de decisiones. Es interesante pensar a la inteligencia artificial como un habilitador tecnológico, porque tiene la capacidad de articular las distancias instancias de las cadenas de valor público para producir políticas anticipatorias y fomentar gobiernos más eficientes, transparentes y que se orienten al bienestar ciudadano. Las sinergias entre estos enfoques son evidentes, se ve cómo la inteligencia artificial alimenta la capacidad predictiva y operativa de las políticas anticipatorias dentro del marco de la cadena de valor público, y eso permite a los gobiernos locales actuar con mayor precisión y rapidez frente a problemas complejos.

Entonces tenemos un escenario en el que, mediante el uso de algoritmos predictivos, los gobiernos locales anticipan demandas específicas, como por ejemplo en los municipios de Entre Ríos y Mendoza que se está implementando un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que se basa en el uso de inteligencia artificial para identificar de manera temprana a los estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios y desarrollar estrategias para prevenirlo, como enviar alertas tempranas a las autoridades educativas que les permiten implementar planes de intervención personalizados para cada caso. O el caso de Conurbano bonaerense con el proyecto ARPHAI (Argentinian Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention) que usa en inteligencia artificial y ciencia de datos para la detección temprana de brotes epidémicos, y para eso busca historias clínicas electrónicas para anticipar y detectar brotes de enfermedades como dengue. Lo interesante de este proyecto es que considera los factores socioeconómicos en el análisis de datos para evitar sesgos y garantizar la equidad en la atención médica.

 

Pregunta: Esto que menciona es importante, porque los sesgos y el vacío de regulación son algunos de los aspectos que se les cuestiona a la tecnología y las nuevas herramientas digitales. ¿En qué estado estamos con respecto a las regulaciones?

MCR: Hay un análisis muy interesante que desarrolla la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff que dice que vivimos en un “capitalismo de vigilancia”, donde las experiencias humanas son utilizadas como materia prima para prácticas comerciales que implican la extracción y análisis de datos personales sin el consentimiento de los usuarios. Es una recolección masiva de información sobre los comportamientos y preferencias de las personas a través de servicios digitales y dispositivos inteligentes, que permite a las empresas crear perfiles detallados y predecir acciones futuras, que ella llama mercados de futuros conductuales. Esto trasladado a ámbito gubernamental plantea varios desafíos para la democracia y la libertad individual, porque a medida que las empresas tecnológicas acumulan datos, y por ende poder, se corre el riesgo de que las estructuras tradicionales de poder sean reemplazadas por una “corporatocracia”, donde los intereses de las empresas prevalecen sobre los derechos ciudadanos y eso podría llevar a nuevas formas de desigualdad social. Entonces el rol regulatorio del Estado es cada vez más necesario, porque para garantizar que el uso de inteligencia artificial sea justo y equitativo en un país con desigualdades estructurales como Argentina, es fundamental que se elaboren marcos éticos claros desde el diseño hasta la implementación. Esto incluye auditar constantemente los algoritmos para identificar sesgos potenciales y garantizar que las decisiones automatizadas no perpetúen las desigualdades existentes, y también establecer mecanismos transparentes para que los ciudadanos puedan cuestionar decisiones tomadas por sistemas basados en inteligencia artificial.

En Argentina no tenemos una legislación al respecto; hay un marco de recomendaciones que hizo la Jefatura de Gabinete en el 2023, pero ningún proyecto de ley de uso y regulaciones que se presentó prosperó. Y ante la falta de un maco legal, a medida que los gobiernos adopten tecnologías digitales, deben priorizar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad para garantizar que estos avances beneficien a todos, porque si bien la tecnología es una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia gubernamental, su implementación desenfrenada conlleva riesgos para las libertades civiles y los valores democráticos. A los Estados les toca liderar la innovación y al mismo tiempo garantizar que la tecnología sirva al bien común en lugar de simplemente reforzar los intereses privados.

 

Pregunta: Con la creciente digitalización en el sector público, con el uso de inteligencia artificial, blockchain o big data, ¿qué oportunidades y riesgos identifica en la integración de estas tecnologías dentro de las cadenas de valor público?

MCR: Yo veo un abanico de oportunidades transformadoras para la gestión pública y eso incluye la mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, como reducir tiempos de respuesta y costos operativos. Por ejemplo, la inteligencia artificial permite automatizar tareas rutinarias, libera recursos humanos para actividades más estratégicas y mejora la calidad de los servicios públicos, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas porque facilita el acceso a información pública y permite un seguimiento más riguroso de las decisiones gubernamentales, que lleva a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

El big data te permite personalizar los servicios públicos, los adapta a las necesidades específicas de cada ciudadano a partir del análisis de grandes volúmenes de información. Hacer análisis predictivo basado en big data lleva a los gobiernos a anticipar necesidades y problemas antes de que se conviertan en crisis y mejora la planificación y la capacidad de respuesta. La tecnología blockchain, por otro lado, optimiza la gestión de recursos públicos al garantizar transacciones transparentes y seguras, que reducen el fraude y mejoran el uso eficiente del presupuesto estatal. Ese aumento de la transparencia y la rendición de cuentas mejora la trazabilidad de procesos y transacciones, que a su vez facilita la participación ciudadana al permitir el seguimiento de proyectos y la evaluación de políticas públicas. La combinación de estas tecnologías da lugar a servicios públicos innovadores y más accesibles, como plataformas de participación ciudadana impulsadas por inteligencia artificial o sistemas de identificación digital basados en blockchain. Sin ir más lejos, las plataformas digitales facilitan la inclusión de voces diversas en la toma de decisiones a través de encuestas en línea, foros virtuales y mecanismos interactivos.

Como te decía, los riesgos de estas tecnologías es que amplíen las brechas digitales existentes por la falta de regulaciones. Los sectores que no tienen acceso o habilidades digitales corren el riesgo de quedar aún más marginados si no se implementan políticas inclusivas y a eso sumale que la digitalización aumenta la exposición a riesgos cibernéticos, con ataques informáticos que pueden comprometer datos sensibles y erosionar la confianza pública en las instituciones. Sin una inversión adecuada en capacitación del personal gubernamental, los funcionarios públicos podrían enfrentar dificultades para utilizar eficazmente estas herramientas y limitar su potencial transformador. Entonces para mitigar los riesgos y que no exacerben las desigualdades existentes, los Estados, además de desarrollar marcos regulatorios inclusivos que protejan los derechos civiles en el entorno digital, tienen que implementar políticas que aseguren un acceso equitativo a las tecnologías digitales mediante programas de alfabetización digital dirigidos a comunidades vulnerables. También hay que invertir en infraestructura de ciberseguridad para proteger tanto a las instituciones como a los ciudadanos frente a amenazas digitales; hacer auditorías regulares para garantizar la transparencia algorítmica y detectar posibles sesgos en los sistemas automatizados utilizados por el sector público; acompañar todo esto de una capacitación continua del personal gubernamental para asegurar un uso responsable y efectivo de estas tecnologías. Porque en última instancia, el éxito va a depender de cómo se diseñen e implementen estas herramientas dentro del marco más amplio de las cadenas de valor público.

 

Pregunta: Pensando a nivel de los gobiernos municipales, ¿cómo pueden estas tecnologías generar una participación más inclusiva y equitativa en la toma de decisiones?

MCR: Creo que la clave está en que amplían el acceso a la información. Pensemos en una cadena de valor público que permite analizar cada etapa del proceso de creación de valor, desde la identificación de necesidades hasta la entrega de servicios; eso facilita la identificación de puntos débiles y oportunidades para una mayor participación ciudadana. Entonces, al comprender mejor la cadena de valor, se pueden rediseñar procesos para hacerlos más eficientes, transparentes y participativos, que involucren a los ciudadanos en la definición de prioridades, en el diseño de servicios y en la evaluación de resultados, que en definitiva fomenta una gobernanza más colaborativa y receptiva.

En el caso de las políticas anticipatorias, la identificación de los riesgos y oportunidades no solo se basan en datos, sino que también involucran a los ciudadanos en ese reconocimiento y así fomentan una participación proactiva que construye una gobernanza más resiliente y adaptada a los desafíos del futuro. Además, las políticas anticipatorias invitan a diseñar soluciones innovadoras para abordar desafíos complejos, que combinan datos, análisis y participación ciudadana para desarrollar políticas más efectivas y adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad. Y la inteligencia artificial complementa el enfoque al permitir el análisis de grandes cantidades de datos para identificar patrones, tendencias y relaciones que serían difíciles de detectar de otra manera. Entonces, al aplicar esta capacidad a la gobernanza metropolitana, se pueden comprender mejor las necesidades de los ciudadanos, identificar áreas de mejora y tomar decisiones más informadas.

Además, la inteligencia artificial también puede utilizarse para personalizar la prestación de servicios públicos, adaptarlos a las necesidades específicas de cada ciudadano, o mejorar la participación ciudadana al facilitar la comunicación, el diálogo y la colaboración a través de plataformas en línea que utilizan esta herramienta para analizar las opiniones de los ciudadanos y generar informes que ayuden a los gobiernos a tomar decisiones más informadas. Yo creo que combinar todos estos dispositivos permite construir una gobernanza metropolitana más receptiva, inclusiva y equitativa, porque involucra a los ciudadanos en cada etapa del proceso, desde la identificación de necesidades hasta la evaluación de resultados, y así garantiza que sus voces sean escuchadas y que sus necesidades sean atendidas.

Al utilizar datos y análisis para anticipar desafíos y diseñar soluciones innovadoras se pueden construir ciudades más resilientes y al aprovechar la inteligencia artificial para personalizar servicios y mejorar la participación ciudadana, se garantiza que tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones y contribuir a la construcción de un futuro mejor para sus comunidades.

 

Pregunta: A medida que la tecnología avanza, ¿cuáles son las tendencias emergentes en el uso de inteligencia artificial que cree que tendrán un impacto significativo en los gobiernos locales en los próximos años?

MCR: Una de estas tendencias es la automatización inteligente de procesos, como en la gestión de documentos, la tramitación de solicitudes o la respuesta a preguntas frecuentes de los ciudadanos, que agilice y reduzca los tiempos de espera. Otra es la mejora en la toma de decisiones, porque la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones, tendencias y relaciones que serían difíciles de detectar de otra manera y eso les permite a los gobiernos locales tomar decisiones más informadas y basadas en datos en áreas como la planificación urbana, la gestión del tráfico, la asignación de recursos o la formulación de políticas públicas.

También hay terreno para explorar en la personalización de servicios públicos para adaptarlos a las necesidades específicas de cada ciudadano. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede recomendar servicios y programas relevantes para cada individuo, responder a preguntas específicas y hasta ofrecer asistencia personalizada en salud, educación e incluso en asistencia social.

En seguridad pública puede analizar datos de diversas fuentes, como cámaras de seguridad, redes sociales y sensores, para identificar patrones de comportamiento sospechoso, predecir delitos y prevenir incidentes; o ayudar a las fuerzas de seguridad a responder de manera más rápida y efectiva a emergencias y situaciones de crisis.

Puede mejorar la participación ciudadana al permitir a los ciudadanos interactuar con los gobiernos locales de manera más fácil y accesible. Por ejemplo, los chatbots impulsados por inteligencia artificial tienen la capacidad de responder a preguntas de los ciudadanos, recibir comentarios y sugerencias, y proporcionar información sobre servicios y programas gubernamentales; o analizar las opiniones y comentarios de los ciudadanos en redes sociales y otras plataformas para comprender mejor sus necesidades y preocupaciones.

La inteligencia artificial se asienta cada vez más como un componente determinante de las ciudades inteligentes, que utilizan tecnologías digitales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como optimizar el consumo de energía, gestionar el tráfico, mejorar la calidad del aire, predecir el mantenimiento de infraestructuras y ofrecer servicios públicos más eficientes y personalizados.

 

Pregunta: ¿Cuál cree que son las principales barreras que enfrentan los gobiernos locales argentinos al intentar integrar inteligencia artificial?

MCR: Las limitaciones presupuestarias, que generan también falta de infraestructura tecnológica adecuada y escasez de personal capacitado. La implementación de inteligencia artificial requiere una inversión significativa en infraestructura, software, personal capacitado y mantenimiento, y muchos gobiernos locales están limitados en su capacidad para adquirir e implementar estas tecnologías.

Además, en las administraciones públicas suele haber una resistencia al cambio que dificulta la adopción de nuevas tecnologías y en mi experiencia, uno de los errores más comunes es subestimar la importancia de la capacitación continua del personal. La tecnología avanza rápidamente, y si no se invierte en formación, los funcionarios pueden sentirse abrumados o incapaces de utilizar adecuadamente las herramientas disponibles. Además, está la necesidad de involucrar a todos los actores desde el inicio del proceso para asegurar que las soluciones implementadas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Cada gobierno local en Argentina tiene su propio contexto cultural e institucional, y eso lleva a la necesidad de adaptar cualquier modelo exitoso que combine inteligencia artificial, anticipación y cadena de valor público a las particularidades locales. No solo implica ajustar las herramientas tecnológicas, sino fomentar un cambio cultural dentro de la administración pública que valore la innovación y la colaboración interinstitucional. Porque el éxito en la implementación de inteligencia artificial depende en gran parte del desarrollo profesional del personal gubernamental y eso muestra la importancia y la necesidad de ofrecer programas específicos que combinen habilidades técnicas (como análisis de datos y manejo de algoritmos) con competencias estratégicas (como diseño e implementación de políticas públicas).

Para superar estas barreras es decisivo que los gobiernos locales busquen alianzas estratégicas con el sector privado y organizaciones no gubernamentales, además de invertir en capacitación y desarrollo profesional del personal. Al abordar estos desafíos de manera integral van a poder aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para transformar la gestión pública y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

 

Referencias:

María Lorena Carballo/Ciudadanía Metropolitana

 

 

 

 

 

Le podría gustar también