Ciudadanía Metropolitana

Los derechos sociales también poseen dimensión metropolitana

Nota de Oriol Estela Barnet – Publicada en “Catalunya Plural”.

Se necesitan planificación, normas, programas e incentivos para potenciar las políticas y los recursos frente a las crecientes necesidades por la segregación urbana, los cuidados y el envejecimiento. La centralidad de la vida cotidiana de las personas en el hecho metropolitano obliga a potenciar estas dinámicas cuyo protagonismo no tienen ahora. El Foro Social Metropolitano, creado en 2024 y abierto a entidades y ayuntamientos, ya está en marcha.

La consideración de un territorio como metropolitano está sujeta a múltiples interpretaciones. La premisa principal es indiscutible: se trata de un territorio fundamentalmente urbano que abarca varios municipios. A partir de ahí comienzan las matizaciones y las dificultades para delimitarlo: ¿debe ser necesariamente un continuo urbano con cierta densidad? ¿Tiene que ver más con el entorno construido, la actividad económica predominante o con el estilo de vida? ¿Tienen cabida actividades rurales, como la agricultura?

Sin embargo, en general, para considerar un territorio como metropolitano se debe dar otra condición y es que dentro de este espacio se produzcan los desplazamientos cotidianos de un porcentaje significativo de las personas que viven en él. Son las personas, pues, y su movilidad las que pueden ayudarnos a determinar cuál es el alcance de una metrópoli.

En el caso de Barcelona, ​​desde el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) hablamos de “la ciudad de los cinco millones” para referirnos a la región metropolitana entendiendo que es este volumen de población, distribuido por más de 150 municipios, el que se encuentra implicado de forma directa o indirecta en este entramado de relaciones cotidianas: en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, largo del día nos acabamos desplazando a otro municipio o relacionándonos cara a cara con alguna otra persona que vive en un municipio diferente al nuestro, y no es extraño que lo hagamos en un tercer municipio donde ninguno de los que nos encontramos residimos.

Es por esta centralidad de las vidas cotidianas de las personas en el hecho metropolitano que la dimensión social no sólo debe estar presente en cualquier agenda de políticas metropolitanas que se quiera desarrollar, ya sea desde un gobierno o mediante un simple acuerdo de colaboración, sino que es una de sus dimensiones clave e inevitables. Conviene recordarlo, porque por ahora, y por motivos diversos, las estrategias y políticas metropolitanas que tienen que ver con los derechos sociales no tienen un protagonismo equiparable a las de otros ámbitos también claramente metropolitanos, como la movilidad, la gestión medioambiental o la promoción económica.

Segregación, cuidados, envejecimiento…

El primer aspecto a abordar desde esta dimensión es el de la segregación urbana, es decir, la tendencia de la población con niveles similares de renta a concentrarse en determinadas zonas, puesto que es un fuerte condicionante para otros muchos aspectos relacionados con los derechos sociales. Un fenómeno que, como ha estudiado profundamente el geógrafo Oriol Nel·lo , se manifiesta cada vez más en la escala metropolitana, traspasando límites administrativos. Lo observamos si confrontamos sobre el mapa, por ejemplo, la concentración de vulnerabilidades en ambas orillas del Besòs con la afluencia de renta a ambos lados de los túneles de Vallvidrera. En este sentido, la afirmación de que el código postal determina la salud y la esperanza de vida más que el código genético se ha hecho popular en los últimos tiempos.

La cuestión del acceso a los servicios esenciales es otro aspecto relacionado con la configuración de los espacios metropolitanos. Hoy en día se habla a nivel global de la conveniencia de pensar en la “ciudad de los 15 minutos”, una estructura urbana que facilite tener todo lo que necesitamos en un radio de un cuarto de hora a pie o en bicicleta. Pero es evidente que no todo puede estar a esa distancia de todos. Pongamos por caso un hospital, un gran equipamiento cultural o simplemente la mayoría de puestos de trabajo. En estos casos, lo que hay que asegurar es que se puede llegar en máximo unos 45 minutos en transporte público . Es por ello que la planificación de servicios y equipamientos, junto con la del transporte público, tienen por tanto un impacto decisivo en la calidad de vida de las personas, como ilustran las conclusiones del proyecto Embarriados .

Relacionado con lo anterior, los sistemas de cuidados también tienen varios componentes en los que es necesario tener una cuenta la escala metropolitana, dentro de esta organización lo más equitativamente distribuida posible de los servicios. La creciente segregación hace que, por ejemplo, las personas que trabajan en el ámbito de los cuidados remunerados vivan por norma general alejadas de quien las recibe. Obligadas, pues, en ocasiones a grandes desplazamientos, el tiempo para sus propios cuidados, imprescindibles para mantener la salud física y mental, se ve comprometido. Una experiencia en este ámbito que ha destacado recientemente a nivel internacional son las “Manzanas del cuidado” de Bogotá, una especie de supermanzanas de los cuidados que incluyen este apoyo a las personas cuidadoras que en el caso de la capital colombiana pueden tener que hacer frente a desplazamientos de más de dos horas por trayecto.

El acelerado proceso de envejecimiento de nuestra sociedad también tiene y tendrá claras manifestaciones sobre el territorio metropolitano. Si hoy son los centros urbanos los que registran los mayores índices de envejecimiento, las zonas de baja densidad residencial están tomando el relevo a gran velocidad, con el agravante de que allí la dotación de servicios es mucho menor y que las opciones para desplazarse se reducen a partir de determinadas edades. Cómo podremos asegurar una adecuada atención hacia estas personas es una cuestión todavía por abordar, pero es evidente que sin una adecuada coordinación a escala metropolitana existe el riesgo de que no se pueda conseguir ya que muchos de los municipios donde predominan las urbanizaciones no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo.

Regeneración de barrios

Este desacoplamiento entre necesidades y recursos entre municipios se encuentra en el corazón de la respuesta metropolitana a la equidad social. Los planes de regeneración de barrios , por ejemplo, en sus diversas versiones de acuerdo con la administración que los impulsa, son una de las principales herramientas para tratar de limar diferencias actuando a la vez sobre los espacios físicos y las mejoras sociales en cada barrio beneficiario.

Sin embargo, habría que activar mecanismos que tengan incidencia en un momento más cercano al origen de las desigualdades. Emerge aquí el concepto de “perecuación” o reparto igualitario de recursos, que esencialmente significa que el gasto por habitante en la salvaguarda de los derechos sociales sea lo más homogéneo posible entre municipios gracias a mecanismos de compensación fiscales. Hay que tener en cuenta que las diferencias en el gasto social per cápita estaban antes de la pandemia, según un estudio del IGOP , entre los 178,17 € anuales de El Prat de Llobregat y los 41,04 de Cornellà de Llobregat.

Un caso muy claro de esta necesidad, reflejado en el mencionado estudio, se da en municipios como las capitales de comarca del entorno metropolitano, como Mataró, que ven como la población con rentas más altas marcha a localidades de los alrededores, reduciendo su base fiscal, mientras que deben mantener unos servicios que cada vez reciben mayor presión tanto de la población residente, proporcionalmente. o simplemente buscan los servicios que en su municipio de residencia no encuentran.

Diferencias entre municipios

Finalmente, en este repaso a aspectos sociales a abordar en clave metropolitana no podemos dejar de mencionar las diferencias en determinados aspectos de las políticas sociales que también generan disfunciones si se plantean únicamente desde la óptica municipal: desde el empadronamiento de personas sin domicilio fijo hasta los criterios para optar a una vivienda pública o para acceder a según qué ayudas y subvenciones.

En este sentido, no es menor el impacto de la discrepancia entre municipios a la hora de determinar las fórmulas de colaboración con las entidades sociales para la prestación de servicios financiados públicamente, sobre todo cuando se impera el criterio del precio en la adjudicación de contratos de provisión.

El Foro Social Metropolitano

Por todos estos motivos, se constituyó el año pasado, con la participación del PEMB, el Foro Social Metropolitano , que es un espacio abierto a todas las entidades sociales con actividad en la región metropolitana y los ayuntamientos que quieran participar. El objetivo de este Foro, en coherencia con lo explicado hasta ahora, es identificar y hacer frente a los retos sociales metropolitanos desplegando una acción social tanto a nivel intermunicipal como a través de la colaboración pública local con la iniciativa social en el interior del espacio de la región metropolitana.

En el Fórum se busca compartir conocimientos y experiencias y colaborar en la definición de criterios compartidos, como ya se ha hecho en el caso de la contratación pública , así como en el impulso de actuaciones que tengan impacto en la escala metropolitana. Los ámbitos determinados como prioritarios en estos primeros meses de funcionamiento son la inclusión residencial, los modelos de atención a la infancia y la concertación público-social. Sobre estos temas versará la IV Jornada del Foro Social Metropolitano , que tendrá lugar el próximo 8 de abril en La CIBA de Santa Coloma de Gramenet.

Sin embargo, no será suficiente con la colaboración y la coordinación “desde abajo” para conseguir unos mejores resultados en términos de equidad social metropolitana, y menos cuando la amenaza de la gentrificación (en breve, la expulsión de la población residente de barrios que experimentan mejoras por el incremento de los costes de vivir) es bien patente. Hará falta que la planificación, normativas, programas e incentivos que emerjan principalmente de la Generalidad de Cataluña adopten esta mirada metropolitana que facilite la reducción de diferencias entre municipios que, en definitiva, comparten tantas dinámicas de cotidianidad.