Ciudadanía Metropolitana

AMBA: Una historia de oportunidades desaprovechadas

El escenario se repite: los intereses de los actores políticos se han sobrepuesto a las necesidades de la ciudadanía, dejando al descubierto que la solución a los problemas de orden metropolitano encuentran un horizonte cada vez más lejano. 

Esta semana, el AMBA volvió a ser noticia, y una vez más, desafortunadamente, se hace presente la incapacidad política de comprender que las problemáticas y las demandas de la ciudadanía no pueden seguir esperando que las miradas de un lado y otro de la Av. General Paz confluyan en un proyecto común. La inseguridad vuelve a la escena en forma recurrente y las respuestas siguen siendo segmentadas, subestimando la dimensión territorial, y la realidad social y económica que afronta la región.

Desde la compra de una flota vehicular que realizara en su momento la Comisión Nacional para al Área Metropolitana de Buenos Aires (CONAMBA) en los ´80, hasta la experiencia más estructurada de los años recientes como fue el “Anillo Digital” en el año 2016, se han sucedido diversas políticas con pretensiones de otorgar una lógica metropolitana, todas ellas efímeras.

Tal es así que, para el caso del antes mencionado “Anillo Digital”, una estrategia  cuyo objeto fue mejorar la seguridad en el AMBA, por intermedio de la integración de los esfuerzos de monitoreo y control vehicular en la región (1) como primer paso-, no ha podido trascender hacia un modelo de control integrado que permitiera mejorar la eficiencia en el uso de recursos tecnológicos y humanos, abordando la complejidad de las fronteras administrativas entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En este sentido, si bien esta política sigue vigente, continúa en aquella primera instancia, sin ningún tipo de monitoreo sobre su impacto ni readecuación. 

En el año 2020, con el decreto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el AMBA fue reconocido como “zona urbana común”, como resultado de una necesidad básica: los esfuerzos en la región debían estar orientados a gestionar, la cotidianidad de la región: las personas seguían transportándose hacia sus lugares de trabajo, el sistema de salud se saturaba, y los casos de contagio aumentaban a pasos agigantados. Es allí donde vimos lo que parecía ser un antecedente claro de cooperación política interjurisdiccional que parecía ser un punto de inflexión. 

Esta semana, comenzó con una noticia a priori digna de celebración: ante los ineludibles hechos de inseguridad que atraviesan las fronteras administrativas, ambos gobiernos retomarían el abordaje de la problemática, mediante una reunión de escasos 30 minutos, un camino de coordinación a través de la conformación de una mesa técnica de trabajo conjunto. Sin embargo, el motivo por el cual esta iniciativa trascendió y fue tendencia no fue aquella disposición, sino los intercambios, las acusaciones y chicanas que los protagonistas protagonizaron en redes sociales y canales de televisión. 

Esta situación es sintomática, y debe comprenderse como un llamado de atención a la política: hay un alto costo estratégico en materia de gobernabilidad en la decisión de comenzar siempre desde cero, cual tabula rasa, en cada cambio de gestión. Esta realidad, que resulta común a muchas de las áreas metropolitanas de nuestro país, se torna particularmente grave y alarmante en el caso del AMBA, no solo por la notable incapacidad que los sucesivos gobiernos de la etapa democrática han tenido al momento de construir espacios de acuerdo, sino por la dimensión, económica y poblacional que presenta la región.

La falta de institucionalidad contribuye activamente a profundizar el impacto de los avatares políticos en las decisiones en materia de política pública. Sin dudas, el bajo nivel de institucionalización está intrínsecamente ligada a la falta de decisión política, situación que, dadas las características del AMBA en materia de convivencia interjurisdiccional, se ve agravada. Como corolario de ello, no se trabaja de manera continua y sostenible, no puede evaluarse la efectividad ni el impacto de las políticas públicas, debido a que estas se discontinúan de modo abrupto con los cambios de gobierno. 

Sin dudas, y en este tiempo más aún, es imperiosa la necesidad de constituir un espacio permanente de concertación de políticas metropolitanas en materia de seguridad. Dado el nivel de complejidad de la temática, y del territorio metropolitano en cuestión, este espacio debe estar compuesto no sólo por los gobiernos subnacionales, sino también por los municipios bonaerenses y sus diversas realidades, así como a las autoridades competentes en la materia en el plano nacional. 

Ayelén Bertón/Ciudadanía Metropolitana

 

(1) Este Anillo consistió en la instalación de un sistema de lectura de patentes mediante cámaras de vigilancia distribuidas estratégicamente en los accesos principales al AMBA, así como en puntos clave dentro de la región. Estas cámaras estaban conectadas a una base de datos unificada que permitía verificar en tiempo real si los vehículos contaban con pedidos de captura, informes de robo o infracciones de tránsito.

Entre los objetivos principales de la política se destacan: i) la mejora en la coordinación interjurisdiccional entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense. ii) la prevención de delitos relacionados con vehículos robados o utilizados en actividades ilícitas y iii) la optimización de la respuesta policial mediante alertas automáticas generadas por el sistema.

Foto de apertura: Diario Hoy en la noticia, de La Plata