El futuro de América Latina es urbano y el sistema de transporte público se convierte en un elemento definitorio de las dinámicas de desarrollo en las ciudades.
En la actualidad, la agenda social latinoamericana es en esencia una agenda de desarrollo urbano. Casi el 80% de la población de la región vive en centros urbanos y se estima que ese porcentaje llegará a cerca del 90% en las próximas décadas.
Por ello, los esfuerzos para afrontar una mayor inclusión social y luchar contra la pobreza se concentran en atender a las poblaciones residentes en las grandes ciudades.
La movilidad urbana es entonces un factor determinante, tanto para la productividad económica de la ciudad, como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y educación.
Pero la gestión del desarrollo urbano es una tarea compleja que involucra múltiples niveles de gobierno, así como diversas instituciones públicas y privadas.
Por eso, y para lograr resultados óptimos en esta materia, los expertos sugieren:
- Establecer una sinergia entre el transporte, la accesibilidad, la movilidad y la gestión urbana.
- Promover el intercambio de información y buenas prácticas entre sistemas de transporte y sus ciudades
- Establecer redes de cooperación regionales, entre profesionales, autoridades, asociaciones y usuarios.
El interrogante que se plantea entonces tiene que ver con cómo aprovechar las oportunidades que brindan las ciudades en términos de empleo y calidad de vida.
Una mejor gobernanza metropolitana podría empezar a brindar las respuestas necesarias, y de esta manera poder llevar adelante mejoras en la planificación y regulación del uso del suelo, la movilidad y el transporte, el acceso a vivienda y servicios básicos, entre otros.
Estudios de movilidad
El informe del Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina, una herramienta cuyo propósito es suministrar información relevante de los sistemas de transporte público de países de la región, concluye que los sistemas de transporte urbano masivo en la región se han convertido en oportunidades para lograr avances importantes en la inclusión de los ciudadanos que habitan en las ciudades.
Estas conclusiones están desarrolladas en el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2017 de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- titulado “Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina”, cuyo lanzamiento regional se realizó en la ciudad de Bogotá.
El trabajo indica que, mientras que menos del 10% de los habitantes del mundo (cerca de 900 millones de personas) vive en asentamientos informales, en América Latina la cifra se ubica entre 20% y 30%.
Es así como muchas ciudades de la región se caracterizan por la prevalencia de altos niveles de informalidad de vivienda que, junto con la informalidad del transporte público, limitan el acceso a oportunidades de trabajo formal a un porcentaje grande de sus habitantes. Esta “triple informalidad” (en vivienda, transporte y empleo) es en buena medida responsable de los bajos niveles de productividad y bienestar observados en las urbes latinoamericanas.
La capacidad de las ciudades de mejorar el bienestar de sus habitantes depende en forma crucial de la política pública y de la manera como ésta logre aprovechar los beneficios económicos de la urbanización, disminuyendo sus costos sociales. La accesibilidad juega un papel determinante para alcanzarlo.
“Una ciudad accesible reduce las distancias reales entre las personas y las empresas y potencia los beneficios de la aglomeración. Para lograrlo se necesita integrar la planificación y regulación de uso de suelo con infraestructura de movilidad, políticas de compensación por uso de vehículos privados y un mercado flexible de vivienda, articulados por una coordinación de estas políticas a nivel metropolitano eficiente, que al final redunde en un mayor bienestar y desarrollo de las ciudades”, aseguró Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.
El RED 2017 enfatiza tres dimensiones fundamentales que están íntimamente integradas: el uso y la regulación del suelo, la movilidad y el transporte, y el acceso a vivienda y servicios básicos. Además, la forma de asegurar la integración entre estas dimensiones de política en el espacio metropolitano es a través de esquemas de gobernanza metropolitana, que tomen en cuenta la necesidad de coordinación en los ámbitos territorial y sectorial.
Uso de suelo
Las ciudades de América Latina presentan un uso más intensivo del suelo urbano que las urbes de países desarrollados. Una de las razones por las que la mayoría de las ciudades de la región no han podido aprovechar las ventajas de su relativamente alto nivel de urbanización es la inadecuada infraestructura, tanto de transporte como de servicios públicos.
La escasa infraestructura, sumada a regulaciones restrictivas de uso del suelo, no ha permitido que las urbes de la región puedan absorber los flujos migratorios expandiendo su tamaño de forma ordenada, de manera que se facilite el acceso a las oportunidades económicas que ofrece la ciudad.
Transporte
Las dificultades de movilidad impiden que las personas accedan a los mejores empleos y que las empresas contraten la mano de obra más preparada, disminuyendo así la productividad de toda la ciudad.
Según la encuesta reflejada en el Reporte de Economía y Desarrollo, el latinoamericano promedio tarda 40 minutos desde su casa al trabajo (sin contar el tiempo de retorno).
En ciudades como San Pablo, Bogotá, Ciudad de México y Lima una cuarta parte de la población emplea por lo menos una hora al día para llegar a su trabajo.
En este sentido, el RED enfatiza que la política pública debe crear mecanismos para que quienes imponen costos sobre la sociedad con su comportamiento (ej. uso del automóvil en horas pico), lo compensen pagando en proporción al daño causado.
“En el RED se discute un conjunto extenso de políticas que buscan mejorar la accesibilidad urbana mediante la reducción de los costos de congestión de las ciudades regulando el uso de vehículos privados a través de impuestos a la congestión, programas de restricción vehicular (pico y placa), tarifas diferenciadas en autopistas e impuesto al combustible. El éxito de este tipo de iniciativas debe ir de la mano de una mayor cobertura del transporte público, así como de la calidad del servicio prestado para fomentar su uso”, explicó Pablo Sanguinetti, director corporativo de Análisis Económico y Conocimiento para el Desarrollo de CAF.
Congestiones, embotellamientos y accidentes son parte del panorama cotidiano que presentan las arterias urbanas de Buenos Aires, colapsadas por la creciente cantidad de automóviles, una tendencia que parece no dejar de incrementarse.
Hace algunos años, las grandes ciudades del mundo tomaron nota de esta problemática y dedicaron sus esfuerzos en el sentido de apostar por un transporte público rápido, seguro, eficiente y sustentable, que desaliente el uso particular del auto para desplazarse por los centros urbanos.
Buenos Aires tiene la oportunidad de iniciar ese proceso, de llevar adelante el cambio que permita dejar de considerar al automóvil como el dueño de la calle, para favorecer un sistema multimodal de transporte. De esta manera, se logrará agilizar el movimiento de las miles de personas que circulan diariamente por la ciudad.
Con relación a otras ciudades de Latinoamérica, Buenos Aires tiene la ventaja de contar con un rico patrimonio de ferrocarriles suburbanos y subtes, y un elevado porcentaje de viajes en trasporte público, en comparación con otras urbes de la región.
El desafío consiste entonces en lograr que la multimodalidad, es decir la posibilidad de combinar diferentes medios de transporte, sea central y estructural como forma de desplazamiento.
Vivienda
El lugar de residencia en relación a localización del empleo, servicios básicos y lugares de esparcimiento (espacios públicos, teatros y estadios) es fundamental para acceder a las oportunidades de la ciudad.
En América Latina, las medidas sobre asequibilidad muestran que la vivienda está fuera del alcance de los presupuestos de muchas familias. Un apartamento de 50 metros cuadrados podría consumir 30 años de ingresos promedio en varios países.
Para revertir esto se requiere flexibilizar la oferta inmobiliaria, simplificar el marco regulatorio de uso del suelo y estándares de edificación, agilizar los procesos burocráticos de permisos de construcción y registros de propiedad.
Además, por el lado de la demanda se requiere una mayor generación de ingresos y fomentar el acceso al crédito hipotecario. Flexibilizar el mercado de alquiler es otra opción para acceder a viviendas de calidad. Un mercado formal eficiente promueve en el mediano plazo la reducción sostenible de asentamientos informales.
Gobernabilidad
El éxito de las intervenciones en áreas como el uso del suelo, la movilidad y el mercado de vivienda depende en gran medida de la gobernanza metropolitana.
Las ciudades deben contar con arreglos institucionales que permitan la formulación e implementación de políticas de manera eficiente y eficaz, mediante procesos de toma de decisiones transparentes y participativos, y por lo tanto legítimos.
Esto es importante porque en la formulación e implementación de políticas usualmente participan instituciones de diferentes niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
Una buen gobernanza metropolitana descansa en tres pilares. Por un lado el balance entre la complejidad de los problemas a atender y el arreglo institucional que se diseña para tal efecto. Segundo, los recursos financieros y humanos con que puede contar y tercero su legitimidad política (rendición de cuenta ante el ciudadano).
Se requiere de fortalecimiento institucional y de capacidades estatales a nivel metropolitano para coordinar más y mejores políticas y llevar a las ciudades latinoamericanas a un nuevo equilibrio, donde predominen las ventajas de la aglomeración y así lograr ciudades más productivas y con mayores niveles de bienestar para sus habitantes. En síntesis, ciudades con una mayor accesibilidad.
El trabajo que realiza el Instituto de Ciudadanía Metropolitana apunta a contribuir en este sentido, promoviendo el cambio cultural que permita afianzar una gobernanza para el área metropolitana.
Se trata de impulsar ámbitos fértiles para la interacción y el acuerdo entre funcionarios públicos y sociedad civil, para de esta manera generar oportunidades de colaboración con el objetivo de solucionar los problemas de los ciudadanos.
De esta manera, se podrán construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios que sustenten un modelo de equilibrio territorial y de desarrollo sustentable que permitan el ejercicio de derechos en forma equitativa.
Por Leticia Piris.
Ciudadanía Metropolitana