El enfoque humanístico de la nueva gobernanza de datos reclama la implicación de las grandes ciudades como mediadoras entre las “big techs” y el Estado
A un lado, la actividad de las Big Tech basada (casi) exclusivamente en la búsqueda de beneficio. Al otro, las burocracias estatales, demasiado lentas y pesadas para reaccionar rápidamente a los cambios tecnológicos. En medio quedan las ciudades, sobre todo aquéllas con grandes áreas metropolitanas, que pueden actuar de mediadoras para llevar a cabo una gobernanza de datos guiada por la búsqueda de la justicia y la equidad.
El congreso Humanism in the digital age: the urban contribution, organizado por el programa Digital Future Society (DFS) dirigido por Cristina Colom, ha subrayado el rol de las metrópolis en el diseño del futuro tecnológico. Un futuro que debe apostar por un enfoque antropocéntrico, tal y como ha reclamado Colom, que sitúe a las personas en el centro de los desarrollos de programación.
Ayuntamientos y gestión digital de datos.
Desconfiamos de la gestión digital de nuestros datos, pero nos resignamos a ello porque es imposible circular por Internet sin aceptar las reglas de juego. Es la conclusión que se ha puesto de manifiesto durante un debate del congreso, en que se han aportado ideas para combatir esta actitud desde los gobiernos locales.
Según las cifras aportadas por Simon Chignard, experto en gobernanza de datos en UIA (Urban Innovative Actions), solo el 35% de las personas confían en las administraciones municipales. Es una cantidad pequeña, pero mayor que las garantías que la ciudadanía deposita en los gobiernos centrales (31%) y en las redes sociales (7%).
Pero no hace falta ir tan lejos: la herramienta barcelonesa de código abierto Decidim permite procesos de participación ciudadana. La cercanía entre administrados y Administración facilita la inclusión de los ciudadanos en la concreción de políticas públicas y permite luchar contra la resignación digital, ha explicado el experto francés. De hecho, Chignard ha lanzado una pregunta al aire: “¿Las naciones hablan, pero las ciudades actúan?”.
Para ello, las ciudades cuentan con una atalaya privilegiada. El contacto inmediato con los vecinos sobre asuntos domésticos como la recogida de basuras, la gestión del agua o la seguridad en las calles permite la recopilación de datos en forma continua y precisa. Además, también facilita que sean los propios locales quienes participen activamente en esa gobernanza. ¿Cómo? Mediante plataformas de participación para llevar a cabo procesos de toma de decisiones compartidas.
En Barcelona se cuenta con la herramienta Decidim, pero invitados de otras urbes como París y Rotterdam han presentado iniciativas similares. A lo largo de la jornada se ha señalado que, pese a que los ciudadanos siguen desconfiando de los políticos locales, lo hacen en menor medida que de los gobernantes nacionales. Y todavía menos que de las redes sociales, que solo ofrecen garantías al 7% de los usuarios.
Sin un marco jurídico.
Pero las ciudades no podrán hacer este camino por sí solas si no se cuentan con estándares éticos unificados en el entorno digital. Esta es la principal asignatura pendiente para diseñar un futuro informático más igualitario. Aunque el Parlamento Europeo se haya ahora mismo discutiendo un reglamento comunitario sobre inteligencia artificial (IA), los ponentes del congreso organizado por DFS han recelado del alcance real de esta normativa.
“Debemos crear marcos de protección respecto a la privacidad. Europa está en la vanguardia de la regulación en materia de IA, pero algunos aspectos, como el reconocimiento facial, generan un problema silencioso en el debate público”, ha explicado Colom, quien ha insistido en que las personas deben estar en el centro de estas polémicas para hallar soluciones adecuadas a los desafíos tecnológicos.
El reconocimiento facial, precisamente, es un buen ejemplo. Esta tecnología de procesamiento de imagen ha recibido serias críticas por parte de OSC´s y activistas sociales, pero hasta ahora no cuenta con reglas claras que especifiquen los usos admisibles en una democracia. No significa que no haya avances, como demuestra la Carta de Derechos Digitales aprobada por la secretaría de Estado de digitalización e inteligencia artificial dirigida por Carmen Artigas, un hito para definir la nueva lista de derechos de la ciudadanía en la red.
Colaboración público-privada
En parte, estas deficiencias guardan relación con la falta de implicación de la sociedad civil. No es plenamente su culpa. El paulatino proceso de alfabetización digital explica el retraso en la toma de conciencia sobre fenómenos como los sesgos algorítmicos. De hecho, la “democracia algorítmica” no se alcanzará hasta que estas reflexiones no permeen la actividad de las compañías privadas y de los parlamentos que deben controlarlas.
“Siempre hablo de dictadura algorítmica, pero no de democracia algorítmica. Cuando asociamos el desarrollo y el progreso tecnológico a una mejora de la calidad democrática pecamos de ser naifs sobre las posibilidades de las tecnologías. En los últimos 20 años hemos pagado el precio de la falta de preguntas que no realizamos en su momento”, ha aseverado Gemma Galdón, consejera delegada y fundadora de ETICAS.
Las ciudades tienen un rol de mediación en esta transición, pero para ello deben ponerse manos a la obra. “En Barcelona queremos ser punta de lanza del modelo europeo de digitalización”, ha afirmado Laia Bonet, tercera teniente de alcalde en la capital catalana. Pero la falta de diálogo del gobierno local con la iniciativa privada no ayuda a alcanzar este objetivo. Las empresas deben ser responsables, y las Administraciones, vigilantes. Pero deben trabajar de la mano para que los datos no se conviertan en otra fuente de discriminación, solo que virtual. En medio, los alcaldes mantendrán la vara de mando.
Publicado en: Crónica Global
Ciudadanía Metropolitana