La colonia Manantiales se ha convertido en un símbolo incómodo de lo que ocurre cuando la ciudad crece sin política metropolitana y sin justicia territorial. El foco mediático se ha puesto, con razón, en los intentos de levantón contra mujeres y en los asaltos al transporte público. Pero el problema que hoy estalla en este punto fronterizo entre Puebla capital, San Pedro Cholula e incluso Cuautlancingo no es sólo de inseguridad: es, sobre todo, de integración armónica con los servicios públicos y con la gobernanza de la zona conurbada.
Los testimonios recogidos en la propia colonia muestran un absurdo estructural: para el cobro de predial y agua potable no hay duda, Manantiales pertenece a San Pedro Cholula; pero cuando se trata de seguridad pública, los tres ayuntamientos se disputan la incompetencia.
La vigilancia llega por oleadas, al calor de los videos que se hacen virales, y se retira en cuanto la presión social disminuye. La vida cotidiana, en cambio, permanece atravesada por el miedo, especialmente para las mujeres jóvenes que ya no se sienten seguras ni para regresar de trabajar.
Esa fractura institucional se agrava por la infraestructura misma: la colonia está conectada con autopistas, bulevares y salidas estratégicas que facilitan la huida de agresores, mientras que los servicios urbanos –alumbrado, transporte seguro, presencia policiaca permanente, equipamiento comunitario– llegan tarde, mal o nunca.
Manantiales es periferia en dos sentidos: geográfico y político. Está en los márgenes de los mapas administrativos y también en los márgenes de las prioridades públicas.
Lo que hoy ocurre ahí exhibe una carencia de fondo: Puebla sigue sin una política integral para sus periferias ni una autoridad capaz de pensar y actuar la ciudad como región metropolitana. Urge crear un organismo metropolitano para la zona conurbada de Puebla, con participación de los municipios involucrados y del gobierno estatal, dotado de facultades claras en seguridad, movilidad, ordenamiento territorial y servicios básicos.
Ese ente debería tener reglas de financiamiento equitativas y mecanismos de participación ciudadana que garanticen que colonias como Manantiales, Ignacio Romero Vargas o los fraccionamientos más alejados reciban el mismo trato que las zonas céntricas, sin importar su ubicación ni el perfil socioeconómico de sus habitantes.
Fuente: La Jornada de Oriente


