España es un país con un alto grado de urbanización, pero concentrado en un territorio muy pequeño: las zonas urbanas densamente pobladas en la costa y en Madrid contrastan con un patrón de desarrollo de menor densidad en las zonas centrales del país. Hay doce ciudades con más de 300.000 habitantes, mientras que más del 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes. A pesar de la evidencia del proceso de metropolitanización, el sistema político español no ha respondido a este fenómeno
En primer lugar, no hay una definición institucional de las áreas metropolitanas, a diferencia de países federales como Estados Unidos o Canadá donde el censo incluye una categoría estadística de ámbito metropolitano. El Instituto Nacional de Estadística no lo contempla: no sabemos cuántas áreas metropolitanas hay en España, o a través de qué criterios se definen. En este sentido, hay algunas iniciativas para delimitar las áreas metropolitanas a partir de la variable residencia-trabajo y teniendo en cuenta la población, vivienda y territorio, como el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento.
En segundo lugar, la distribución de competencias explica en parte “el abandono de la cuestión metropolitana en España”. Mientras que las competencias y financiación del gobierno local vienen determinadas por la legislación estatal, la creación de áreas metropolitanas es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Esta descentralización podría abrir la puerta a la existencia de una pluralidad de modelos de gobernanza metropolitana, como en estados federales como Alemania. Sin embargo, las comunidades autónomas han desarrollado su papel en sentido inverso: no para crear autoridades metropolitanas, sino para eliminar las existentes (caso de Barcelona,Valencia y Bilbao en los años 1980). En general, los parlamentos autonómicos han sido reacios a reconocer el hecho metropolitano, excepto el de Cataluña en el año 2010, cuando aprobó la ley de creación del Área Metropolitana de Barcelona.
El resto de áreas metropolitanas españolas se caracteriza por una gran fragmentación institucional: existen distintas agencias para la prestación de un solo servicio (agua, transporte, residuos) a escalas diferentes. A diferencia de un modelo como el de Barcelona, con un gobierno metropolitano que coordina un conjunto de servicios a una misma escala (excepto el transporte, que se hace también en un ámbito más grande), en la mayoría de áreas metropolitanas cada agencia se ocupa de la prestación de un servicio en un número determinado de municipios, que no coinciden. Por ejemplo, en Valencia hay una autoridad que se encarga del transporte en 60 municipios, otra para el agua en 51 municipios y una tercera para el tratamiento de residuos en 45 municipios. Esta fragmentación del territorio metropolitano también sucede en Bilbao o Sevilla, en servicios hidráulicos, de transporte o de vivienda. Por lo tanto, la escala metropolitana es variable según el tipo de servicio. En Madrid tampoco existe un gobierno metropolitano, pero no hay tanta fragmentación a causa del liderazgo autonómico y del sistema político (comunidad uniprovincial con 179 municipios). En efecto, la coordinación a escala metropolitana la ha ejercido directamente el gobierno autonómico mediante agencias sectoriales de transporte y agua, pero cubriendo prácticamente el mismo territorio.
Ante este vacío legislativo, se podría esperar que el gobierno central introdujera algunos incentivos más allá de una contribución a la financiación del transporte público, que se da únicamente en Madrid y en Barcelona. Por ejemplo, se podrían otorgar ayudas para financiar políticas a escala metropolitana, como sucede en Estados Unidos en materia de vivienda. La realidad es que no hay un debate metropolitano, y me atrevería a decir, urbano, en España. No ha sido nunca un tema importante en la agenda política. A principio de la década de los 1990, Pasqual Maragall lideró sin éxito la acción de un conjunto de alcaldes españoles para reclamar un mayor reconocimiento del papel de las grandes ciudades. La alianza de los alcaldes de las grandes ciudades ha sido muy fluctuante y con pocos resultados. La respuesta ha sido siempre una concepción uniforme del hecho urbano, equiparando las capitales de provincia como Teruel o Soria en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid (como se refleja en la ley de 2003 de medidas para la modernización del gobierno local). En el caso de Barcelona, la lucha para aprobar la Carta Municipal duró 25 años, y al final vino acompañada de la aprobación de una ley especial también para Madrid, en 2006.
El reconocimiento del hecho urbano y metropolitano necesita pues el apoyo del gobierno del estado, ya que es quien determina las competencias y la financiación de los municipios. Sin un rol activo del gobierno en este tema, las ciudades continuarán sin disponer de herramientas para afrontar los problemas más urgentes; la mayoría de ellos, con dimensión metropolitana.
Fuente: http://www.idluam.org
Ciudadanía Metropolitana