Presentamos una nota de opinión del Legislador de la Provincia de Tucumán Agustín Romano Norri, quien recientemente presentara en esa legislatura provincial un proyecto de ley para crear una Agencia de Planificación y Coordinación Metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán.
Durante gran parte del siglo XX, los municipios fueron la escala natural para organizar la vida urbana. Las ciudades tenían límites relativamente definidos, los desplazamientos cotidianos eran más reducidos y los principales problemas podían resolverse dentro de cada jurisdicción local.
Sin embargo, las dinámicas urbanas contemporáneas modificaron profundamente esta realidad. El crecimiento demográfico, la expansión de la mancha urbana y la integración económica de los territorios produjeron la aparición de áreas metropolitanas: espacios donde varias jurisdicciones distintas funcionan, en la práctica, como una única ciudad.
El Gran San Miguel de Tucumán representa uno de los ejemplos más claros de este fenómeno en Argentina.
Actualmente, más de un millón de personas habitan un sistema urbano integrado conformado por San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí, Alderetes y diversas comunas rurales que mantienen relaciones permanentes de movilidad, trabajo, educación y acceso a servicios.
Para miles de tucumanos, los límites municipales tienen escasa relevancia en la vida cotidiana. Una persona puede vivir en Las Talitas, estudiar en Yerba Buena, trabajar en San Miguel de Tucumán y utilizar servicios tiene su sede en Banda del Río Salí durante un mismo día. La ciudad real ya es metropolitana.
Sin embargo, las instituciones que la gobiernan continúan respondiendo a una lógica fragmentada. Esta situación genera una contradicción cada vez más evidente: los problemas son metropolitanos, pero las soluciones siguen siendo locales.
La movilidad urbana constituye probablemente el ejemplo más visible. El sistema de transporte conecta diariamente a cientos de miles de personas que atraviesan distintas jurisdicciones, pero la planificación continúa desarrollándose desde estructuras institucionales que no siempre cuentan con herramientas para abordar el fenómeno en su totalidad.
Lo mismo ocurre con la gestión del agua. Las lluvias, las cuencas y los sistemas de drenaje no reconocen límites administrativos. Una intervención realizada aguas arriba puede producir efectos significativos en otro municipio. Sin una mirada integral, los problemas tienden a trasladarse territorialmente en lugar de resolverse.
También la expansión urbana plantea desafíos similares. Nuevos desarrollos habitacionales, procesos de densificación y cambios en los usos del suelo generan impactos que trascienden ampliamente las fronteras municipales. La infraestructura, la gestión ambiental, la competitividad económica y la localización de servicios públicos responden cada vez más a dinámicas metropolitanas antes que municipales.
Frente a esta realidad, la discusión metropolitana suele ser presentada como un debate sobre nuevas estructuras de gobierno. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que el verdadero desafío no consiste necesariamente en crear un nuevo nivel institucional, sino en desarrollar mecanismos eficaces de coordinación entre actores que comparten un mismo territorio funcional.
Es aquí donde adquiere relevancia el concepto de gobernanza metropolitana. La gobernanza metropolitana puede definirse como un modelo de coordinación multinivel e interjurisdiccional basado en redes de cooperación entre gobiernos locales, gobierno provincial, actores sociales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y sector privado, destinado a gestionar problemas públicos que exceden los límites administrativos de cada municipio, manteniendo el Estado una función central de articulación, regulación y garantía del interés general.
A diferencia de los enfoques tradicionales, la gobernanza metropolitana reconoce que ninguna institución posee por sí sola la capacidad suficiente para resolver desafíos complejos como la movilidad, el drenaje urbano, la gestión ambiental o la planificación territorial. Estos problemas requieren cooperación, intercambio de información, planificación compartida y construcción de consensos.
Lejos de debilitar la autonomía municipal, la gobernanza metropolitana busca fortalecerla mediante mecanismos de coordinación que permitan a cada jurisdicción participar en la definición de políticas comunes sin renunciar a sus competencias propias.
Las experiencias metropolitanas más exitosas del mundo muestran precisamente esta característica. No se trata de sustituir municipios ni de concentrar poder, sino de generar espacios institucionales donde los distintos actores puedan construir respuestas colectivas a problemas compartidos.
En este sentido, pensar el Área Metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán supone reconocer una realidad territorial que ya existe y asumir que la complejidad urbana del siglo XXI requiere nuevas formas de gestión pública. Significa comprender que los desafíos metropolitanos no pueden abordarse desde la fragmentación institucional y que la cooperación se ha convertido en una condición indispensable para el desarrollo sostenible.
La pregunta ya no es si Tucumán constituye una metrópolis. La verdadera pregunta es si seremos capaces de construir los mecanismos de gobernanza necesarios para planificar, coordinar y gestionar colectivamente el futuro de una ciudad que hace tiempo dejó de caber dentro de los límites de un solo municipio.
Ciudadanía Metropolitana