La victoria por parte de la industria de los combustibles fósiles en el texto de la declaración final de la COP 27 de Sharm el-Sheij nos recuerda los límites de los estados-nación. Los pobres resultados de la cumbre evidencian el desequilibrio patente entre los actores verdaderamente implicados en la acción climática y aquellos interesados en obstaculizar la transición energética. Mientras las ciudades están en primera línea en la lucha contra el cambio climático y deberían ser reconocidas como tales, los verdaderos ganadores de la COP 27 son los productores y la industria de los hidrocarburos.
La COP 27 ha pasado a la historia, en positivo, por el acuerdo de establecer un fondo de compensación para las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático para los países más vulnerables. Sin embargo, el encuentro de Sharm el-Sheij se une a una larga lista de conferencias sobre el clima donde los países no han logrado acordar metas más ambiciosas. En concreto, la declaración final no consiguió incluir el llamamiento a reducir gradualmente el uso de todos los combustibles fósiles. Tampoco incluyó la necesidad, respaldada por la evidencia científica, de tocar el techo de emisiones globales en 2025 para luego reducirlas drásticamente. Y todo ello a pesar de la voluntad de muchos países, incluyendo la labor activa por parte de actores de peso como la Unión Europea e India, en favor de elevar el nivel de compromiso global.
Ante los efectos cada vez más dramáticos de la emergencia climática, no deja de llamar la atención la incapacidad de la comunidad internacional de llegar a acuerdos para acelerar los recortes de emisiones. La clave de lectura de este dilema se encuentra en la defensa sin fisuras de las prerrogativas de soberanía nacional por parte de los países en una era caracterizada por problemas complejos y globales que requieren de esfuerzos colaborativos. En una arquitectura multilateral profundamente arraigada en la visión de los estados-nación, hay un desequilibrio patente entre los actores verdaderamente implicados en la acción climática y aquellos interesados en obstaculizar la transición energética. La comparación de la capacidad de alcance de la industria de combustibles fósiles y de las ciudades en el marco de las negociaciones de Sharm el-Sheij es la prueba más fehaciente de este desequilibrio.
Según un estudio publicado durante el evento, veintinueve gobiernos nacionales incluyeron a más de 600 lobistas de la industria de combustibles fósiles en sus delegaciones oficiales. Los Emiratos Árabes Unidos lideran esta particular clasificación. Esta consideración es relevante habida cuenta que serán los anfitriones de la COP 28 en 2023 en Dubái, dando así una idea de la presión que ejercerá esta industria también en la edición del próximo año. El número total de lobistas es superior al número de representantes de gobiernos locales incluidos en las delegaciones nacionales presentes en Sharm el-Sheij.
Esta mayor representatividad de la industria de combustibles fósiles por encima de las ciudades explica la desproporción en su capacidad de incidencia en la declaración final. Los primeros consiguieron eliminar las reducciones de emisiones tan urgentemente necesarias arriba mencionadas. Al mismo tiempo, lograron incluir referencias a ‘energía de bajas emisiones’ y ‘mix energético limpio’, sentando así las bases para un concepto muy amplio que incorpora la posibilidad de seguir generando emisiones por ejemplo a través de la combustión de gas. Por su parte las ciudades consiguieron una sola referencia directa en el marco de la urgente necesidad de promover la acción climática multinivel.
Sin embargo, contrariamente a lo que se desprende de la declaración final, las ciudades han demostrado estar muchísimo más comprometidas con la lucha contra el cambio climático. Más llamativo aún, las ciudades han demostrado ser más ambiciosas que los países. Se estima que las actuales promesas climáticas de los países en el marco del Acuerdo de París nos llevarán a 2,5 grados centígrados de calentamiento global para finales de siglo, muy por debajo del umbral de seguridad fijado en los 1,5 grados centígrados. Por otro lado, el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía, por ejemplo, que es una alianza que cuenta con más de 12.000 miembros, estima que la suma de los objetivos de mitigación de sus ciudades puede reducir las emisiones globales para 2050 por un valor de 4,1 GtCO2. Es esta una cifra no menor si consideramos que corresponde al 80% de las emisiones anuales de los EEUU, el segundo país más contaminante del mundo después de China.
¿Siendo los combustibles fósiles los principales responsables del calentamiento global, cómo es posible que esta industria tenga mayor capacidad de incidencia y representatividad en la COP que las ciudades? La respuesta nos obliga a desentrañar el conflicto entre la necesidad multilateral de enfrentar la crisis climática y los intereses particulares de los estados-nación. Se calcula que los combustibles fósiles acaparan el 85% de los subsidios a nivel global. A su vez 19 de las 26 mayores empresas petroleras y gasistas del mundo son propiedad integral o parcial de los países. En un mercado estructurado alrededor de la convergencia de intereses públicos y privados, los estados-nación invierten recursos ingentes en empresas altamente contaminantes para mantenerlas competitivas en el marco de una lógica que gira alrededor de los intereses estratégicos de los países en el ejercicio de su soberanía nacional.
La acción de las ciudades en el terreno goza de un mayor grado de libertad respecto a los intereses y dependencias de los estados-nación. Al mismo tiempo, al concentrar entre el 67% y el 72% de las emisiones globales, las ciudades desempeñarán un papel creciente en la acción climática en un mundo cada vez más urbano. Ante la patente incapacidad de acción de los estados por sí solos, ha llegado la hora de repensar nuestro sistema de gobernanza global y fomentar esfuerzos colaborativos que aprovechen el alto grado de compromiso de las ciudades. Contrariamente a la industria de combustibles fósiles, las ciudades están en primera línea en la lucha contra el cambio climático y deberían ser reconocidas como tales.
Autor: Ricardo Martínez
Fuente: CIDOB
Ciudadanía Metropolitana