Por Facundo Suárez Lastra
Las tendencias mundiales y regionales en materia de urbanización y crecimiento de las ciudades colocan el tema metropolitano en un lugar central de la agenda pública. La onu hoy señala que más de la mitad de la población se encuentra en áreas urbanas, siendo la Argentina uno de los países más urbanizados del mundo y el segundo más urbanizado de América latina, con una población urbana que alcanza el 92% del total de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL)
En ese sistema urbano diverso, se manifiestan gran parte de los problemas sociales contemporáneos y se presentan los principales desafíos para las políticas territoriales vinculadas con el crecimiento y el desarrollo humano: la agenda de problemáticas urbanas incluye cuestiones tales como las brechas sociales, la exclusión y la segregación socio-espacial; el acceso a la tierra, a la vivienda y al conjunto de servicios y equipamientos urbanos; los problemas de movilidad; el consumo de recursos clave como el agua y el suelo y la creciente exposición de la población a situaciones de riesgo. Además de estas problemáticas se suman los retos de la planificación urbana y la participación democrática, el financiamiento de los gobiernos locales, la gobernanza y la gestión del territorio.
A pesar de la complejidad de las problemáticas que afectan a estas regiones, es en su ámbito donde se presentan las mayores oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la población. Estas áreas hoy juegan un rol fundamental en el progreso y pueden ser motor de progreso para el país, ya que las oportunidades económicas, sociales y creativas que ofrecen estas regiones atraen a las personas y empresas y son en definitiva el lugar de generación de valor agregado. En términos económicos las regiones metropolitanas son más productivas que las zonas rurales: producen más patentes y ofrecen mayores rendimientos de capital; el 80% del producto Bruto interno (PBI) mundial es generado en las ciudades y se estima que las cien ciudades más grandes del mundo generarán el 35% del PBI mundial de aquí a 2025 (Dobbs, Smit, Remes; Manyika, Roxburgh y Restrepo, 2011)
Sin embargo, las ciudades argentinas y sus áreas metropolitanas no logran aprovechar por completo la economía de escala. En consecuencia, los costos negativos de la urbanización, el crecimiento disperso, la falta de recursos municipales, la escasa coordinación de políticas y la ausencia de planificación atenta contra sus ventajas potenciales.
El área metropolitana de buenos aires no está fuera de esta situación. La movilidad diaria de cientos de miles de personas en transporte privado o público en sus diversas modalidades; la articulación de prestaciones de salud y educación en sus distintos niveles de complejidad; el manejo del sistema hídrico metropolitano, la disposición de los residuos, la regulación del uso del suelo que posibilite el desarrollo sustentable con mirada hacia la recuperación de áreas degradadas y la prestación de los más diversos servicios públicos, encarnan una agenda de alta complejidad. Para su abordaje en función de su interjurisdiccionalidad debemos encarnar una nueva institucionalidad.
Existe un amplio acuerdo entre academia, expertos y oficinas gubernamentales respecto a que la Ciudad del Buenos Aires y el área metropolitana constituyen un mismo espacio, la Gran Buenos Aires. Las demandas y las necesidades de sus habitantes atraviesan distintas jurisdicciones, y se requiere de un nuevo espacio de gobierno con capacidad de abordar y resolver estas problemáticas.
La Comisión Consultiva para el Area Metropolitana COCAMBA constituye un importante hito al integrar las tres jurisdicciones y municipios involucrados junto con organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de potenciar la capacidad de acción de los tres niveles de gobierno y generar un ámbito donde las decisiones y el aporte de los recursos sean compartido; como así también rediseñar el mapa de competencias funciones y recursos de la región.
Este proceso de debate en pos del diseño de un nuevo entramado institucional debe dar cuenta de una coordinación multinivel y multijurisdiccional que permita la reducción de las brechas existentes hoy en la región en la prestación de los servicios públicos. Existe una enorme asimetría entre las demandas y necesidades de los casi quince millones de habitantes de la región y las facultades de los distintos niveles de gobierno.
Conviven en la región distintos grados de desarrollo urbano; poblaciones con un nivel de vida equiparable a las más ricas del mundo, una amplia franja a la que no se les presta servicios públicos de calidad por los que tributan, y una enorme cantidad de asentamientos al margen de las normas y los servicios básicos que son refugio de los más pobres.
Todas estas problemáticas deben ser consideradas una responsabilidad colectiva de toda la nación. El mejoramiento de la gestión de las áreas metropolitanas hoy constituye una prioridad en la agenda de la mayoría de los organismos internacionales de cooperación.
Resulta entonces prioritario realizar mayores esfuerzos para que las regiones metropolitanas argentinas estén bien urbanizadas, tomando el desarrollo urbano en su relación con la mejora de la calidad de vida: un desarrollo que tienda a ofrecer iguales oportunidades a todos los ciudadanos en términos de accesibilidad al suelo, a la vivienda, a la educación, al empleo, al esparcimiento, a los servicios y al equipamiento que ofrecen las ciudades, todo en un marco de inclusión y de sustentabilidad ambiental, mitigando y previniendo los riesgos de desastres.
Gestar una nueva institucionalidad para el AMBA es una necesidad impostergable para trabajar con eficacia las necesidades de casi 15 millones de personas en pos de la construcción de una Ciudadanía Metropolitana.
El autor fue Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires (1987/89), Secretario Ejecutivo de la COCAMBA (2016/17) y actualmente es Diputado Nacional por la CABA.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Ciudadanía Metropolitana
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