En el marco de la 24° Conferencia Anual del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, participamos de la Sesión 13 “Descentralización administrativa, política y operativa de las ciudades”, junto con representantes de las ciudades de Córdoba (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Barcelona (España) y Benfica (Portugal). En nuestro caso, planteamos un análisis crítico sobre el proceso de Buenos Aires.
La Dra. Carolina Grimoldi, representante de Ciudadanía Metropolitana, reseñó el proceso de descentralización político-administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partiendo desde el reconocimiento de su status jurídico por la reforma constitucional de 1994 y analizando brevemente el debate que se dio en esta materia en el seno de la Convención Estatuyente, ya que el mismo se plantea en consonancia con la noción de democracia participativa que quedó plasmada en el texto constitucional aprobado.
Partiendo del análisis de las marchas y contramarchas que se dieron en los años sucesivos, las dificultades para sancionar la ley de comunas, las presentaciones judiciales que signaron el proceso, etc. se planteó la realidad actual de las comunas porteñas, signada por una falta de decisión política de profundizar el proceso descentralizador, pese al impulso inicial. En efecto, las gestiones que se sucedieron al primer gobierno autónomo de la Ciudad fueron vaciando de contenido a las unidades descentralizadas, deslegitimándolas y conspirando contra la participación ciudadana.
En tal sentido, marcamos diversos hitos que entendemos pusieron en evidencia el escaso compromiso con la descentralización en marcha:
Por un lado, el tiempo que transcurrió desde la sanción de la Constitución de CABA hasta la aprobación de la ley de comunas y desde la sanción de ésta hasta la elección de los primeros comuneros: 15 años en total, atravesados por debates inconducentes y excusas. Por el otro, se intentó “vender” como descentralización una mera desconcentración de algunos servicios en los Centros de Gestión y Participación Comunal (creados luego de la sanción de la ley en reemplazo de los anteriores CGP y en coincidencia con la división territorial de las flamantes comunas).
Sumado a esto, se hizo un repaso sobre una serie de decisiones concretas que evidenciaron la voluntad del Ejecutivo de desacelerar el proceso descentralizador: la modificación del artículo que preveía que la elección de comuneros debía realizarse separada de cualquier otra; la creación de las Unidades de Atención Comunal (UAC), a las que otorga las funciones de las comunas, asegurando el control del PE (del que dependen) sobre las mismas; un proyecto de reforma de la ley de comunas presentado por el Ejecutivo en el año 2013, que planteaba una modificación tan sustancial que desvirtuaba por completo el texto original y la intención del legislador al sancionarla (e incluso de los estatuyentes que le dieron un marco en la propia Constitución de CABA); la creación de gerencias y subgerencias operativas, que prácticamente dejaban sin funciones a los comuneros; y hasta la creación de un programa de participación ciudadana “BA Elige” puesto en marcha por fuera del que debería haber sido su ámbito natural, las comunas, son apenas algunos de los intentos por vaciar de contenido al proceso.
A 20 años de la sanción de la ley de comunas, valoramos que aquel impulso inicial que guió tanto a los convencionales estatuyentes, como a la primera gestión de la ciudad autónoma (no exento de avances y retrocesos pero con la mira siempre puesta en avanzar hacia la descentralización), se fue perdiendo con el paso de las administraciones, producto de la falta de voluntad política y de una marcada tendencia hacia la recentralización. La transferencia de competencias se cumplió parcialmente, pero nunca se profundizó el proceso descentralizador, convirtiendo a ese “gobierno de proximidad” con el que muchos soñaron en una mera ventanilla de reclamos con escasa capacidad de resolución de problemas, sea por falta de competencia o de presupuesto.
Por otra parte, en cuanto al tema central del Congreso, esto es la participación ciudadana, observamos que la escasa capacidad en términos de gestión de las cuestiones de proximidad que detentan las comunas en la realidad cotidiana de los barrios diluyó el entusiasmo inicial de vecinos y vecinas. Este hecho se vio acrecentado tanto por la falta de información pública sobre el proceso de descentralización, como por la falta de implementación de mecanismos de participación ciudadana real a escala local, como ser el presupuesto participativo.
Como conclusión planteamos que, para que la descentralización en Buenos Aires sea percibida como sinónimo de gobierno de cercanía y gestión eficiente, es necesario dotar a las comunas de nuevas y mayores competencias y recursos. Esto no implica un incremento de las estructuras y el gasto. Todo lo contrario. Se impone repensar la gestión de la Ciudad, reescalar instrumentos, profundizar la descentralización y fomentar marcos de acuerdos y cooperación para afrontar los desafíos que implica hoy la gobernanza en una de las principales áreas metropolitanas del planeta.
Ciudadanía Metropolitana