Se desarrolló hace unas semanas en Concepción del Uruguay una jornada de la Regional Litoral de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial denominada “Aprendizajes territoriales”, en la que me tocó intervenir en el Panel sobre la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Entre Ríos.
En la convocatoria los organizadores señalaron que “la planificación y la gestión de los territorios adquiere niveles de complejidad cada vez más altos, en un entramado que vincula conflictos estructurales con demandas de coyuntura. Gobiernos y equipos técnicos de municipios y provincias suelen encontrarse sobrepasados por el día en un marco de inestabilidad económica y política. No obstante, surgen propuestas e iniciativas innovadoras que aportan un aire refrescante y una cuota de optimismo en estos tiempos delicados”.
En mi intervención mencioné las razones que a mi criterio muestran que es necesario contar con una ley provincial (e idealmente también con una ley nacional) de ordenamiento territorial:
– La falta de un marco normativo nacional y provincial de ordenamiento territorial dificulta que se fijen principios y se articulen instrumentos concretos para planificar el desarrollo y para garantizar la construcción de un hábitat equitativo y sostenible.
– Falta de articulación de las políticas territoriales con las demás políticas sectoriales de promoción del desarrollo, sobre todo con la política económica, en general, y con la tributaria en particular.
– Escaso aprovechamiento de las potencialidades de las políticas de suelo como herramientas de planificación, recaudatorias, redistributivas, y de promoción del desarrollo.
– Tenemos una maraña de impuestos regresivos y distorsivos. Escasa incidencia de los tributos al suelo. Especulación inmobiliaria. Dificultades para financiar infraestructura y hábitat urbano. Falta de instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas.
– Alta incidencia de la informalidad urbana, y complejidad y conflictividad derivadas de ella. Necesidad de planificar y financiar la urbanización de villas y asentamientos informales.
– Baja capacidad técnica y de gestión de algunos gobiernos locales para encarar procesos de ordenamiento territorial. Heterogeneidad en capacidades y recursos, y tipos de problemas a enfrentar, de los gobiernos municipales. Necesidad de presupuestos mínimos para garantizar derechos básicos en todo el territorio provincial.
– Falta de transparencia de los mercados inmobiliarios, naturalización por parte de la sociedad de la especulación inmobiliaria conviviendo con altísimos niveles de déficit habitacional.
– Ciudades y territorios cada vez menos densos y menos planificados.
O, para decirlo de una manera más sencilla, porque – como dijo alguna vez Mario Bunge – “el que no planifica es víctima de algún planificador”.
Por qué no tenemos una ley provincial de ordenamiento territorial? La respuesta es relativamente simple. No existe suficiente voluntad política, se trata de un tema que no está instalado en la agenda pública y por ende no hay demandas sociales en tal sentido.
No obstante, considero necesario formular algunas precauciones: Una buena ley es necesaria pero no suficiente. Hace falta también su adecuada reglamentación y aplicación y, sobre todo, la implementación de un proceso permanente de planificación y gestión del desarrollo territorial del que hoy carecemos. También es menester su articulación con otros instrumentos de políticas públicas, reconociendo la centralidad de las variables económicas.
Por otra parte, cabe alertar acerca del riesgo de caer en cierta tendencia que podríamos denominar “fetichismo legislativo”, por el que nos aproximamos a creer que la mera sanción de un marco normativo soluciona casi como por arte de magia todos los problemas. A su vez, cabe aclarar que no podemos hablar de “la” ley de ordenamiento territorial, como no podemos hablar de “la” ley de humedales sin antes precisar de qué ley estamos hablando, a qué proyecto concreto nos estamos refiriendo, con qué contenido.
¿Qué es lo que se puede hacer para avanzar en esta materia? Por lo pronto lo que hizo la SAPLAT en este encuentro, hablar del tema, debatir, discutir, analizar otras experiencias, etc. Por otro lado, articular demandas (ambientales, sociales, etc.) demostrando de la manera más sencilla posible de qué manera el ordenamiento territorial incide en la satisfacción de derechos tales como la vivienda, el ambiente saludable, la seguridad, el empleo, etc.
Los debates deben avanzar hacia el logro de acuerdos técnico – políticos, que incidan sobre los decisores en todos los niveles y poderes del Estado. Finalmente, es importante también avanzar desde abajo, llevando adelante procesos locales de planificación y adecuación de marcos normativos en los municipios y comunas, para generar evidencia empírica de las potencialidades y limitaciones de los instrumentos de la planificación territorial.
José Antonio Artusi es Arquitecto Especialista en Planificación Urbano Territorial, integra la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCU. Fue Diputado Provincial en Entre Ríos (UCR) 2007-2011 y 2015-2019.
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